Estatutos y residencias

Adán Martín ha puesto la cuarta y se ha lanzado hacia el desarrollo del algunos de los aspectos más emblemáticos y polémicos del programa nacionalista. La reforma del Estatuto de Autonomía y el desarrollo de una ley de residencia especial para Canarias. El debate, pues, está servido, como lo ha estado siempre que se han tocado, siquiera de pasada, ambas propuestas. Un debate en el que el principal opositor ha sido hasta la fecha el Partido Popular, socio de Coalición Canaria en esta legislatura, y de cuyo silencio oficial al respecto cabe suponer consentimiento. De hecho, y a pesar de lo rimbombante de sus epígrafes, el contenido de ambas iniciativas es, en el caso de la reforma estatutaria, bastante burocrático y moderado, circunscrito prácticamente a la transferencia de algunos aspectos clave de la Administración y muy distantes de los procesos de conformación nacional que promueven vascos y catalanes; y, en el capítulo de control de la residencia, notablemente difuso y desvertebrado.
Cierto es que algunas voces populares se han alzado ya contra la segunda de las propuestas, que consideran un error de bulto o directamente un disparate, contraria a la libre circulación de personas e imposible de llevar a la práctica. Pero lo cierto es que el presidente del Gobierno del que forman parte ha puesto rumbo hacia dichas metas sin que hasta el momento tengamos noticias de crisis en el Ejecutivo, de abandono del pacto o de moción de confianza. Es decir, que el partido de José Manuel Soria secunda en la práctica lo que rechaza en la teoría y en sus manifestaciones públicas. Algo similar a lo ocurrido con la policía autonómica.
La coyuntura juega también un papel decisivo en la iniciativa gubernamental. Por un lado, el proceso de reformas autonómicas avalado por José Luis Rodríguez Zapatero y en el que Canarias no quiere ejercer de convidado de piedra. Es algo que ya ha reconocido el propio Martín y que parece conveniente al interés general, siempre y cuando, eso sí, la reforma vaya dirigida a mejorar los mecanismos de la Administración regional y las expectativas sociales, culturales y económicas del conjunto de los canarios, y no sólo de la clase política o empresarial, como ha venido siendo la tónica en estos últimos veinticinco años.
En lo que a la llamada ley de residencia se refiere, todo parece indicar que se trata de un brindis al sol forzado por la delicada situación económica que atraviesan las Islas y de la que ya nos ocupamos aquí esta misma semana. Cortina de humo. Porque, a estas alturas, achacar a la presencia foránea todos los males de la economía local supone una actitud peligrosa y equivocada. Desde luego que algo falla y que el Archipiélago debe establecer algún mecanismo de control para evitar los desmanes que se producen en sus fronteras, pero esto no debe ocultar las verdaderas causas que nos han conducido a la grave situación por la que atravesamos. Han sido los nacidos en nuestra tierra quienes han administrado las ayudas europeas, quienes han inventado la RIC y no han velado por su cumplimiento, quienes han hecho de los planes de formación y empleo el desastre que son, quienes han dilapidado el erario público en gestiones cuanto menos disparatadas como Tindaya o espectacularmente deficitarias como ha ocurrido en Sanidad, quienes se enriquecen de forma especulativa o quienes prácticamente han acabado con nuestro patrimonio natural, por citar lo primero que se me viene a la cabeza. Y si han sido de fuera, ha sido en connivencia con los nuestros.
Así que desarrollo y control sí, pero sin populismo ni demagogia, haciendo gala de la responsabilidad y la sensatez que deben caracterizar a todo gobernante. No pretender señalar la paja que luce el ojo ajeno sin atender primero la viga que ciega el nuestro.
Artículo publicado en El Mundo/La Gaceta de Canarias
sábado 15 de mayo de 2004